Y sobre la sentencia del TJUE añade que «corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal» Leer Y sobre la sentencia del TJUE añade que «corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal» Leer
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La Comisión Europea ha confirmado que ha recibido la denuncia que ayer interpuso el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el Reino de España por no aplicar la Ley de Amnistía tras la sentencia del TJUE de la semana pasada. Y nada más, porque Bruselas evita totalmente pronunciarse. Entre otras cosas, porque Gonzalo Boye no ha tocado la puerta adecuada, aunque probablemente el abogado sea totalmente consciente de ello y ya ha conseguido lo que buscaba: generar ruido.
«Podemos confirmar que hemos recibido la carta«, ha señalado esta tarde un portavoz de la Comisión, que ha recordado que «cuando se presentan denuncias, estas se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión: son examinadas, registradas y evaluadas antes de adoptar una decisión». Esto es, una respuesta tipo, para a continuación añadir: «No tenemos más comentarios que hacer en esta fase».
Y sobre la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión ha vuelto a señalar que, obviamente, «tiene conocimiento de la última sentencia del Tribunal de Justicia sobre este asunto, dictada el 16 de julio». Y tal vez lo más importante, que «corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia«.
En la denuncia que presentó ayer Puigdemont junto con los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, aseguraba que la decisión del Tribunal de Cuentas de España de abrir un periodo de alegaciones de 10 días en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O de 2017 contraviene la decisión del TJUE.
En opinión de Boye, esta decisión supone la suspensión de la sentencia, y el abogado exigía a la Comisión que actúe «dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros». «Introducirla después del fallo, sin soporte fáctico alguno, no es ejercicio de la competencia exclusiva del juez nacional para constatar y apreciar los hechos: es elusión de la interpretación declarada», añade.
Y a ello, el abogado del ex presidente fugado añadía que se está vulnerando el artículo 4 del Tratado de la Unión sobre la cooperación leal. «El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares por las violaciones del Derecho de la Unión imputables a sus órganos jurisdiccionales», incidía la denuncia.
Pero la Comisión no ha hecho nada de eso, y si se acude a los procedimientos habituales de Bruselas lo que se observa es que el Ejecutivo comunitario se puede dar hasta un año para tomar una decisión en este tipo de denuncias. Esto es, que ya no es sólo que sea muy improbable que la UE vaya a hacer algo dado que esta denuncia, en realidad, no le atañe, sino que además el plazo es muy superior a los 10 días que ha dado el Tribunal de Cuentas de España. En definitiva, fuegos artificiales del independentismo como los que ayer se vieron en el parque del Cincuentenario de Bruselas con motivo de la fiesta nacional belga.
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